El proyecto de Ley de Salud Mental en Tucumán, que será abordado mañana en la Legislatura, genera expectativas y cuestionamientos entre especialistas. El psicólogo Roberto González Marchetti, ex presidente del Colegio de Psicólogos de Tucumán, destacó a LA GACETA los puntos positivos de la iniciativa, pero también advirtió sobre posibles dificultades en su aplicación.

“En términos generales, la ley está bien porque sigue las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, pero algunos artículos podrían complicar su implementación”, explicó. El especialista recordó que la Ley Nacional de Salud Mental de 2010 todavía no se aplica en su totalidad, lo que genera dudas sobre la eficacia de la norma provincial.

Entre los aspectos polémicos, el psicólogo señaló la inclusión de adicciones como problema de salud mental, cuando muchas veces se trata de una problemática social. Además, advirtió sobre la perspectiva de género, que aunque positiva, podría generar debate en sectores más conservadores y no siempre es aplicada correctamente en la práctica.

Otro punto crítico es la cuestión presupuestaria. El proyecto propone destinar un mínimo del 10% del presupuesto anual a salud mental, pero González Marchetti advirtió que esto podría chocar con la realidad financiera y los recursos disponibles para mantener equipos interdisciplinarios, sobre todo en urgencias y guardias.

Entre los aspectos positivos, el especialista destacó que la ley promueve la atención en el sector privado y la creación de redes comunitarias, así como la implementación del programa “Volver a casa”, inspirado en un modelo brasileño que busca reintegrar a pacientes internados crónicamente a sus hogares. Sin embargo, advirtió que la aplicación efectiva requiere coordinación entre ministerios, mayor participación de los sectores involucrados y mejoras en la atención en el interior provincial.

“Hoy en Tucumán el gran problema es la alta demanda y la poca oferta. Necesitamos una ley que no quede en los ideales, sino que sea aplicable, especialmente para grupos vulnerables como niños y adolescentes”, sostuvo.

El especialista concluyó que, aunque la ley tiene avances importantes en materia de derechos humanos y abordaje comunitario, su implementación práctica será el verdadero desafío, y alertó sobre la posibilidad de judicialización de algunos artículos si el Estado no puede cumplir con los estándares que plantea la norma.